El artículo en cuestión establece como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales $254.421 millones para los gastos corrientes. En este universo de cajas no transferidas a Nación se incluye a 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Por otra parte, se deja en claro que se concretarán mensualmente anticipos a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de cada jurisdicción una doceava parte del total, al igual que estaba fijado en presupuestos anteriores. También se puntualiza que solo podrán requerir "pagos de los anticipos a cuenta las provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior".

Este monto significa un duro golpe para las alicaídas cuentas del Instituto de Previsión Social, donde la Provincia de Buenos Aires reclama a la administración nacional una deuda que asciende a $975.500 millones. No obstante, en el Presupuesto se puntualiza que las provincias podrán requerir los pagos de los anticipos a cuenta que surjan de un acuerdo suscripto con ANSES y correspondan al ejercicio 2021 o posterior.

Según datos del IPS, en marzo de 2024 hubo un total de 259.552 Jubilaciones con un haber promedio de $747.651, 79.341 pensiones con un haber promedio de $400.653 y 25.118 pensiones sociales. El Instituto de Previsión Social cuenta con 351.371 beneficiarios, cuya edad promedio es de 66 años. El 70,49% corresponde al género femenino y el 29,51% restante al género masculino.

El 4% del total de beneficiarios/as de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social percibe un haber mínimo, de los cuales el 74,58% corresponde al género femenino y el 25,42% al género masculino. En total, se registran 13.557 beneficios con haber mínimo, de los cuales el 90% pertenece al subsistema municipal.

El abogado especialista en Derecho de la seguridad social Ariel Samana dialogó con La Tecla y explicó que “el problema que tiene el IPS es que se fue desfinanciando, porque durante mucho tiempo era superavitario. Luego, la Provincia comenzó con las contrataciones de monotributistas en los municipios y eso desfinanció la Caja, con jubilaciones de baja denominación, además. Todo eso contribuye a la situación actual”.

En esta línea dijo que “la visión de fondo es que Nación va a querer, con el argumento de que está en rojo, absorber la caja jubilatoria, porque ese fue el pedido que hizo en 2016 y 2017 el FMI para unificar los sistemas jubilatorios y los regímenes diferenciales”.

En este contexto explicó que “la mecánica puede ser ahogar a los Estados provinciales para habilitar la transferencia, porque hay gobiernos que pueden entrar en cesación de pagos porque no tienen el dinero para cubrir con recursos propios las jubilaciones; salvo, como está haciendo (Axel) Kicillof, que trata de abrir el paraguas y aumenta impuestos”.

Los números consignados en el Presupuesto 2025, por parte de la administración Milei podría significar un ahogo a las complicadas cuentas de la Caja jubilatoria, que en 2023 cerró su balance con un déficit de 210.000 millones de pesos.