De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció “dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor S.A. y Edesur S.A. conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”.

La decisión se ampara en la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, difundida hace casi un mes, que estipulaba que toda información contenida en las boletas emitidas por proveedores de bienes y servicios debía referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. En este sentido, no podía incluirse ninguna suma o concepto que no estuviera directamente relacionado con el producto o servicio ofrecido.

La principal resistencia a esta iniciativa surgió de los intendentes de la oposición en el conurbano que, incluso, llegaron a judicializar la medida presidencial.

Los distritos resisten

Días atrás, llegó un nuevo freno al aumento considerable en las tarifas de luz, gas y agua en uno de los distritos más importantes del Conurbano bonaerense. El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el municipio de La Matanza, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.

A raíz de esta sentencia las empresas prestadoras de los servicios no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, celebró esta decisión de la justicia y cuestionó al gobierno nacional: “La gestión deshumanizada que lleva adelante Milei arrincona a los argentinos y argentinas. El gobierno nacional tomó la decisión de que el ajuste lo paguen las y los más débiles. Una manera de hacerlo fue con el brutal aumento de tarifas. Con este amparo, La Matanza logró frenar en el municipio los tarifazos que, en promedio, aumentaron 370%, según estudios de CONICET y UBA, y afectaban a miles de familias, comercios, clubes y trabajadores”.

Por otro lado, el juzgado federal de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, le dio la razón al municipio de Moreno, conducido por la alcaldesa peronista Mariel Fernández, y le otorgó una medida precautelar, suspendiendo la resolución del ministerio de Economía de la Nación en relación con el cobro de tasas en las boletas de servicios públicos.

El mismo juez, que subroga el juzgado federal de Moreno, falló en favor del distrito de Pilar, conducido por el intendente peronista Federico Achával.

La decisión judicial se sumó a la suspensión temporal resuelta por un juzgado Federal de Campana a la resolución de la administración de La Libertad Avanza el 17 de septiembre, tras una medida cautelar presentada por Pilar. Además, hay otros municipios que presentaron el mismo reclamo.