La disputa que mantienen dos sectores internos de Unión por la Patria, La Cámpora y el kicillofismo, abrió un nuevo capítulo a cuenta de un tema sobre el que pocos reflectores apuntan: los puertos.

La protagonista de este choque es la terminal portuaria de Dock Sud, una de las más importantes del país (por sus muelles se exporta más del 40% de la producción de la Argentina) y localizada en el municipio de Avellaneda. Aunque tiene conexiones con distritos contiguos como Lanús y Quilmes.

En el “doque”, el gigante en el movimiento de contenedores Exolgan espera el visto bueno de la Provincia para iniciar un proceso de modernización de los muelles y otras instalaciones que lo ponga a la altura de Montevideo o Santos, con una multimillonaria inversión en dólares.

Con este contexto, un conflicto intermunicipal explotó, involucrando a quilmeños, lanusenses y, obviamente, al jefe comunal local y referente del kicillofismo y el anticamporismo, Jorge Ferraresi.

Los alcaldes Mayra Mendoza y Julián Álvarez, enrolados en la “orga” que conduce Máximo Kirchner, hicieron público su reclamo: que el Consorcio de Gestión que administra el puerto compense económicamente a Quilmes y Lanús por el deterioro que causa el tráfico de camiones, que entran y salen de la terminal, en el asfalto, la infraestructura vial y hasta el cableado en las calles de sus comunas.

El propio mandatario lanusense hizo pública la exigencia como miembro integrante del directorio del Consorcio portuario, un sillón que alternan con un representante quilmeño, mientras que Avellaneda tiene un miembro fijo.

Sin embargo, no faltan quienes ven detrás del conflicto una batalla más entre sectores internos del peronismo. “Más allá de que puedan tener algo de razón en el reclamo por los daños en el pavimento, acá lo que ocurre es que el puerto es una gran caja negra con muchos millones en juego, que nadie controla ni supervisa. Tal vez quieran participar de los beneficios, además de darle un golpe a su rival en la interna”, señaló un referente opositor a la gestión de Ferraresi. Se refiere a una caja de la que aparentemente todos quieren tener una porción.

“Gobernar es asumir las responsabilidades que cada dirigente y que cada militante tiene con su pueblo”, replicó a la denuncia el alcalde de Avellaneda, añadiendo que “el peronismo tiene que estar unido y pensando en la gente”. Para la respuesta publicó un video en redes sociales, con la sugestiva música de “Money”, un clásico de la icónica banda inglesa Pink Floyd.
Ni siquiera la intervención del gobernador Axel Kicillof, quien se reunión con las partes en disputa, logró bajar la tensión entre ambos bandos. Tanto que los camporistas judicializaron su reclamo (ver aparte), pidiendo auditorías y estudios profesionales sobre los daños que produce el tránsito en sus calles.

La pelota está ahora en el campo del Consorcio de Gestión que preside Carla Monrabal, integrado también por representantes de las empresas y los sindicatos portuarios.



EXOLGAN, EL GRAN ACTOR
Inversiones millonarias y una concesión plagada de polémica

La poderosa Exolgan espera el OK de la Provincia para iniciar los trabajos, que contemplan la demolición y modernización de un sector para pertimir el ingreso de buques de mayor calado. La inversión prevista de esta etapa es de 138 millones de dólares, con el propósito de mantener la competitividad de la terminal portuaria frente a otras terminales de la región como Montevideo y Santos.

SIn embargo, la concesión del espacio que ocupa la firma vence en agosto de 2025, por lo que solicitó un permiso de uso por 10 años, a partir del vencimiento de dicha concesión. Esta modificación al reglamento fue cuestionada por el intendente de Lanús y miembro del Directorio del Consorcio, Julián Álvarez. Otros actores de la actividad portuaria señalan la reforma como un indicio de favoritismo hacia Exolgan, que quedaría en posición privilegiada para obtener un nuevo plazo de explotación de los muelles.

Tras el cachetazo que significó perder la planta de GNL en Bahía Blanca, este proyecto es vital para el Ejecutivo bonaerense.


DERECHOS RECLAMADOS
A la Justicia por el pavimento con la mira en la “caja negra” del Doque

Tras el reclamo por los daños que el transporte que entra y sale del puerto provoca en sus distritos, los intendentes de Lanús y de Quilmes, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, presentaron ante la Justicia un pedido de informes acerca de la actividad económica del Consorcio de Gestión. El requerimiento judicial quedó en manos del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Avellaneda-Lanús, a cargo del juez Pablo Andrés Krawiec Krawczuk.
No son pocos los que observan en la jugada un tiro por elevación hacia el vínculo del Consorcio y algunas grandes empresas con la actividad política del intendente y su espacio. Muchos sectores hablan de una verdadera “caja negra”, con poca o nula claridad, en cuanto al manejo económico de la terminal ubicada en el Conurbano.

De hecho, el texto solicita, además, la intervención de un perito contador que verifique los asientos contables y proporcione información sobre la actividad de empresas, mercaderías, tasas y vehículos. Además requieren que se designe un perito informático que extraiga datos del sistema de las empresas del Consorcio, incluyendo detalles de carga, descarga, distribución, control logístico y rastreo satelital de vehículos.

“Comprendemos que el Consorcio mueve mucho dinero, y que el proyecto de Exolgan es gigante. Tal vez busquen compartir ganancias y, de paso, meter la interna en la discusión”, señalaron desde el entorno del alcalde de Avellaneda.


MAYRA MENDOZA - QUILMES
“No se está pidiendo que se le quite un solo peso a Avellaneda”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza (UxP), aseguró que “el puerto es de jurisdicción provincial, no de Avellaneda, y hace más de cuatro años tiene representantes de Quilmes y Lanús en el Directorio. Gran parte de los camiones con contenedores (se estima un movimiento de entre 30 mil y 36 mil mensuales) y cargas pesadas que van o vienen del puerto dañan las calles y avenidas de ambos distritos”.

Además, dijo que “celebramos una posible ampliación, pero nos preocupa si no se tienen en cuenta los efectos que esto pueda causar en nuestros distritos. Con la ampliación estaríamos hablando de que la capacidad de carga aumentaría de 3.000 containers por barco a alrededor de 20.000 containers por embarcación, con el correlato que eso implica en el tránsito pesado desde Quilmes y Lanús hacia el puerto. Estamos hablando de mucha plata que genera el puerto, de una enorme inversión que implicaría su ampliación y lo que queremos es poder redistribuir una parte entre los municipios afectados para que toda la región se mantenga y mejore”.

En cuanto al conflicto planteado con Avellaneda, la referente de La Cámpora sostuvo: “No se está pidiendo que se le quite un solo peso a ese municipio, no es una cuestión entre dirigentes, ni contra Ferraresi ni contra los vecinos de ese distrito. Lo único que queremos es una compensación lógica hacia nuestros municipios por los daños que produce la operatoria del Puerto. Nosotros defendemos al 1.200.000 habitantes que tienen Lanús y Quilmes”.